Jorge Castro y los otros congresistas acusados por recortes de sueldo

Jorge Castro ha pasado a integrar la lista de congresistas que han sido denunciados por recortar el salario de sus trabajadores.

Paola Alave Quispe, quien trabajó para el legislador desde setiembre del 2016 hasta abril de este año, afirmó en el programa “Cuarto poder” que ella pagó de su salario el alquiler de la oficina descentralizada del congresista en Tacna, y luego los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento y hasta la compra de diarios.

Alave también entregó audios, en los que conversa Erika Cancino, asesora de Jorge Castro, quien le solicita depositar S/150 para cubrir los gastos descritos líneas arriba.

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A continuación los otros parlamentarios que fueron denunciados por el mismo hecho.

1. ¿Lizbeth Robles o su ex pareja?
El programa “Cuarto poder” difundió en abril del año pasado un conjunto de audios, que revelaron que Edward Rojas Rugel, entonces pareja de la congresista Lizbeth Robles (Cambio 21), recortó el 50% del salario, bonificaciones y hasta aguinaldos de Sara Milla y José Altez, asesores I y II en el despacho de la renunciante a Fuerza Popular, respectivamente.

“Edward, yo lo único que te he pedido es lo siguiente, lo demás sigue igual como tú me has dicho, tú me dijiste 4 mil [soles] para ti y lo demás es mío. Ahora tú me dices después [que te dé el 50% del] aguinaldo”, la reclamó Milla a Rojas Rugel en una conversación que ambos sostuvieron y que fue grabada por la ex asesora.

Milla y Altez señalaron que Robles sabía de los cobros que hacía el padre de su hijo.

Después de esta denuncia, la Comisión de Ética le abrió una investigación a Robles. Esta pesquisa concluyó que la parlamentaria no tenía conocimiento sobre las acciones de Rojas Rugel.

El Ministerio Público abrió, en setiembre último, una investigación preliminar contra la congresista de Cambio 21 por el presunto delito de concusión.

2. Michael Urtecho afronta juicio oral
Michael Urtecho obtuvo una curul en el 2006 con Unidad Nacional y luego fue reelecto en el 2011 con Solidaridad Nacional. Llegó a ser parte de la Mesa Directiva del Parlamento, pero su caída libre comenzó en 2013, después de ser desaforado por recortar, durante siete años, los sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de cuatro de sus trabajadores en el Parlamento.

También se quedó con el 100% de sus asignaciones por refrigerio. Y, además, es acusado de apropiarse de las donaciones de una ONG para discapacitados de la cual fue integrante.

El ex parlamentario afronta un juicio oral por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público ha pedido 24 años de cárcel para Michael Urtecho y 22 años para su esposa Claudia González Valdivia, acusada —además de los delitos mencionados— por apropiación ilícita y lavado de activos. Mientras tanto, la procuraduría demanda S/ 3’368.000 como reparación civil.

3. Los “préstamos” a Yovera
A mediados del 2014, el pleno del Parlamento decidió suspender por 120 días al entonces congresista Alejandro Yovera (Acción Popular-Frente Amplio), quien fue acusado de obligar a sus trabajadores a solicitar préstamos para él, deudas que después él no cumplió con pagar.

Según el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, que lo investigó y pidió tal sanción, Yovera “se benefició indebidamente de los préstamos tramitados por trabajadores y ex trabajadores de su despacho”. Ellos denunciaron que el legislador se comprometió a devolverles el dinero, pero no lo hizo.

Un año después, el Parlamento aprobó el desafuero de Yovera (quien fue elegido por el fujimorismo), sobre quien pesó una condena de dos años de prisión preventiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. ¿La razón? Haber consignado información falsa en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

4. Manuel Lajo, declarado inocente
A fines de marzo del 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia exculpó al ex parlamentario Manuel Lajo Lazo de toda responsabilidad penal en el delito de concusión (que el Congreso con mayoría fujimorista aprobó denunciarlo a mediados de 1999) por haber subdividido los haberes del personal que laboró en su despacho congresal durante el período legislativo 1995-2000.

Lajo dijo, en ese entonces, que no incurrió en delito penal ni menos aun en falta administrativa cuando subdividió los haberes del personal de confianza que laboraba en su despacho, porque estaba permitido por el acuerdo 010 de la Mesa Directiva del Congreso, dictado el 30 de julio de 1995.

"La campaña contra mi imagen pública de académico y consultor internacional empezó el 30 de noviembre de 1998 y durante diez meses se me acusó de quitarle 200 soles a mi personal de confianza mientras el Gobierno de entonces se robaba ¡dos mil millones de dólares! En mi caso fue un atropello doble, porque no se respetó el debido proceso y me acusaron por hechos que no constituyeron delitos", remarcó.