Juez no autoriza fondos para diligencias en Ayacucho sobre casos de violación de DD. HH. en los 80
Pone trabas al pedido de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, presidida por la jueza Miluska Cano, que lleva los casos de la desaparición del periodista Jaime Ayala, el asesinato de los evangélicos en Callqui y también las muertes en Pucayacu. Sahuanay alegó falta de fondos, luego pidió que la solicitud se haga con tiempo y finalmente exigió sustentar la importancia de la diligencia.
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Ayacucho. El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, César Sahuanay, estaría interfiriendo en las labores de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de su Corte, presidida por la jueza Miluska Cano, al no emitir la resolución administrativa que autoriza los fondos para realizar inspecciones judiciales en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, en el estadio municipal de Huanta y en la iglesia de Callqui, las mismas que tienen que hacerse de manera presencial y no virtual.
La doctora Miluska Cano solicitó el dinero el 18 de junio del presente año a fin de realizar su labor en julio. Entonces, Sahuanay le respondió que precise la importancia de la diligencia en Ayacucho y por qué debía hacerlo durante una semana.
La respuesta de Cano fue puntual: dijo que son casos emblemáticos, que tenía que haber acercamiento a la justicia de parte del Poder Judicial porque son personas quechuahablantes de escasos recursos económicos, y que las inspecciones judiciales eran indispensables. Sahuanay no se pronunció.
El abogado de IDL, Juan José Quispe, refirió a La República que, ante esta situación, la defensa de la parte civil e inclusive los abogados de los acusados reiteraron el pedido inicial a fin de que se dé la autorización y los fondos para viajar a Ayacucho. Sahuanay dijo que los pedidos se formulan con un plazo mínimo de dos semanas de anticipación. El permiso fue denegado a pesar de que las diligencias de inspección judicial en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, en el estadio municipal de Huanta y en la iglesia de Callqui deben hacerse de manera presencial y no virtual.
Quispe manifestó que hace dos semanas la Sala Penal Liquidadora le pidió a Sahuanay que autorice el viaje a Ayacucho del 22 al 26 de agosto, pero el magistrado nuevamente preguntó las razones del desplazamiento.
El abogado informó que este pedido ya tiene la autorización de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho para el uso de una camioneta en las inspecciones en Huanta, pero hasta ahora Sahuanay no emite la resolución administrativa que permita cumplir la diligencia la próxima semana.
“Además de incumplir con el conocimiento de casos de graves violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado, está interfiriendo en la labor de un colegiado de la propia Corte Superior Nacional. Estamos hablando del presidente de una corte tan especializada como es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, la única que lleva a cabo los juicios sobre graves violaciones de derechos humanos. Está demostrando que no quiere que se llegue a saber la verdad de los hechos”, señaló Juan José Quispe.
El letrado consideró que las inspecciones tienen que realizarse para determinar las características del lugar donde se ubica el estadio de Huanta, a qué distancia está la iglesia de los evangélicos, a qué distancia del estadio de Huanta se encontraron las fosas de Pucayacu, a qué distancia está la casa del periodista Jaime Ayala. Lo mismo que en Huamanga, respecto a las estructuras del cuartel Los Cabitos, las divisiones que tenía, las características del lugar, entre otros aspectos.
“Además, la Cuarta Sala Penal Liquidadora tiene la obligación de ir hacia los lugares de las personas que tienen escasos recursos económicos, eso es justicia al alcance de los más pobres, como dice el presidente del Poder Judicial, pero todo parece que no se quiere entender así y lo quieren hacer de manera remota”, cuestionó Juan José Quispe.
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También objetó el incumplimiento del principio de la inmediación que tienen los jueces. “Es decir, tener frente a frente a los familiares de las víctimas y a los testigos, cuál es la reacción cuando están contando lo que pasó, lo que vieron en su momento. Una cosa es mirarlos por la computadora y otra cosa es verlos a dos o tres metros de distancia y constatar cómo los testigos de manera uniforme van señalando lo que pudieron observar en esa época”, estimó.
Asimismo, mencionó que falta tomar la declaración a más de 50 testigos, muchos de ellos con el apoyo de intérpretes. “Sobre todo que cuenten con soporte psicológico al momento en que declaren, no es cosa de darles una palmadita y decirles cálmense y tomen un poco de agua cuando sufren una crisis de ansiedad, de depresión, de llanto”, anotó.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.
