Las asociaciones de víctimas y defensores de los derechos humanos se oponen radicalmente al indulto, entre otras razones, porque el expresidente nunca se ha disculpado con las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta
Ricardo Arenales
En dos oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le pidió al gobierno peruano y a los tribunales de justicia de ese país, abstenerse de poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. Una petición en igual sentido fue proferida por el juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández, quien aseguró que no procede una petición de indulto a favor del exgobernante, por la naturaleza de los crímenes cometidos.
A los anteriores pedidos se suma un enérgico reclamo de las víctimas de los crímenes imputados a Fujimori, para que no haya impunidad en el cumplimiento de la pena impuesta ni en la reparación de las víctimas.
Esos reclamos de justicia, reparación y no repetición, usuales en la comisión de delitos de lesa humanidad, fueron echados por la borda por el Tribunal Constitucional del Perú, TC, que en resolución del pasado 6 de diciembre ordenó la puesta en libertad “inmediata” de Fujimori, atendiendo un pedido de indulto por parte de sus abogados.
Torciendo la Constitución
La decisión provocó de inmediato una encendida polémica, donde Fujimori, de 85 años, sigue siendo un personaje controvertido, y el recuerdo de su gobierno una mancha negra en la historia peruana.
El TC peruano había fallado por el indulto desde marzo pasado, pero una resolución de la CIDH frenó la puesta en libertad. Ahora el alto tribunal niega competencia a la CIDH para establecer como ejecutable la polémica sentencia.
Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y 2000 y su ejecutoria sigue polarizando a la opinión pública del país. Sus partidarios destacan el éxito de la gestión económica en la batalla contra la inflación, y los golpes que propinó al grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Sus críticos subrayan el carácter autoritario de su gobierno, que lo llevó a cerrar el congreso y protagonizar un autogolpe en 1992. Se le imputan violaciones a los derechos humanos y no pocos escándalos de corrupción. Tras dejar el poder fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las masacres de La Cantuta y Barrios Unidos, perpetradas por un grupo de militares dirigidos desde su gobierno.
Delito sin beneficios carcelarios
También se le imputó responsabilidad en el secuestro de un periodista y de un empresario. En intentos anteriores de conceder el indulto a Fujimori, la CIDH dijo que este no procedía, porque Fujimori cometió crímenes de lesa humanidad, que no son objeto de beneficio penal extramural.
Pero el TC restableció la vigencia del indulto. Este se activó hace pocos días después de que el expresidente presentó un recurso de habeas corpus. Varias organizaciones sociales de ese país suramericano hablaron del ‘sesgo político’ en la decisión del alto tribunal constitucional. Una posición intermedia fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación, que pidió que a Fujimori se le conceda prisión domiciliaria.
En medio de esta polémica, las asociaciones de víctimas y activistas de derechos humanos se oponen radicalmente al indulto, porque Fujimori nunca se ha disculpado con las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ni tampoco ha pagado las reparaciones económicas que se le impusieron.
La Asociación Pro Derechos Humanos, expresó su “enérgico rechazo ante el grave desacato del Tribunal Constitucional al ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, porque “contradice las disposiciones internacionales”.
