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Defensoría del Pueblo: urge solucionar deficiencias en hospitales de Acobamba y Lircay de la región Huancavelica

12:45 pm 20/10/2022

  • Se hallaron medicamentos con la fecha de vencimiento expirada, servicios sin agua y equipos sin funcionar.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica solicitó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) y las redes de salud de Acobamba y Angaraes realizar las gestiones necesarias a fin de solucionar, en el más breve plazo, las deficiencias halladas en los hospitales de Acobamba y Lircay, durante una supervisión inopinada.

Así, se constató que el servicio de Emergencia del Hospital Provincial de Acobamba, de categoría II-1, no cumple con las condiciones básicas ni cuenta con áreas específicas como triaje, salas de observación diferenciadas, consultorios diferenciados por especialidad, área crítica de emergencia, depósito de equipos e instrumentos de atención, ni con un almacén para desastres y tampoco con un cuarto de limpieza.

A ello, se suma la falta de agua en los servicios higiénicos para pacientes y el personal de salud, así como de agua caliente para el lavado y esterilización de instrumentos. También, se detectó que no funcionaba el foco del tópico de Pediatría. En el área de Farmacia y Laboratorio, la situación es más preocupante, pues se constató que había medicamentos, insumos y productos vencidos.

Ante ello, se instó al retiro inmediato de las medicinas al área de cuarentena para que sean dados de baja y su consecuente informe a dirección. También se emplazó a la Red de Salud de Acobamba para que inicie las acciones necesarias, a fin de determinar si existe responsabilidad de servidoras/es de esta dependencia y, de ser así, aplicar las sanciones que correspondan.

Del mismo modo, se verificó que los equipos del servicio de Hemoterapia y Banco de sangre (conservadora) del servicio de emergencia no funcionaban. Pese a esto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) no ha realizado visitas de fiscalización o monitoreo al área de emergencia del nosocomio.

Ante este panorama, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica informó al director encargado de la Red de Salud Acobamba sobre los resultados de la inspección y le recomendaron realizar visitas de supervisión a los establecimientos de salud de su competencia a fin de verificar cómo operan los servicios de atención (equipos, medicamentos y personal).

Por otro lado, en el Hospital de Lircay, de categoría II-1, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica constató que el servicio de Emergencia no cuenta con un número telefónico para la atención al público y que el extintor estaba vencido. Tampoco hay agua caliente.

En el ambiente de Bioquímica se detectó que la conservadora, que contienen los reactivos para el equipo de esta área, no viene recibiendo el control de temperatura desde el pasado 16 de julio por parte del personal encargado. En el servicio de Microbiología, además, se hallaron insumos que vencieron en junio del 2020.

Por su parte, la jefa del Banco de Sangre del Hospital de Lircay informó que esperan la autorización sanitaria para el funcionamiento de esta área y que, junto con el Centro de Hemoterapia, no garantizan la disponibilidad de sangre y unidades las 24 horas. Tampoco cuentan con un registro de donantes ni receptores de sangre, y que el equipo de refrigeración de hemocomponentes (paquetes de sangre) no está operativo. Incluso, las unidades de sangre no tienen el sello nacional de calidad de sangre del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas).

De igual manera, el Centro de Hemoterapia y el Banco de Sangre no  tienen un sistema de registro que permite el rastreo de cualquier unidad de sangre o del donante hasta su disposición final o uso. El Acta de Eliminación de Unidades tampoco funciona.

En tal escenario, el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica, Roly Bazán Zelada, señaló que las instituciones prestadora de servicios de salud están obligadas a garantizar las adecuadas atenciones de salud a la ciudadanía, por lo que instó a las entidades supervisadas y a sus órganos competentes, a subsanar las deficiencias encontradas en el plazo más breve posible, para beneficio de su población usuaria.