Y al decimoséptimo año resucitó. Alberto Fujimori ha regresado al ruedo peruano con unas declaraciones estruendosas que han sacudido al país. El peor dictador de la historia del Perú, beneficiado con un indulto polémico basado en motivos humanitarios a principios de diciembre, habló para un medio local con mensajes teledirigidos al gobierno, a la oposición, al fujimorismo y a su propia hija Keiko.
"El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado", recitó el ex presidente, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de cárcel, que comenzó a cumplir en 2007.
Es difícil armar tanto revuelo con tan pocas palabras. Primero en el seno de la alianza oficialista, que mantiene sentada contra viento y marea en el Sillón de Pizarro a quien fuera la vicepresidenta de Pedro Castillo, pese a que su impopularidad se acerca al 90%, según distintas encuestas.
El año de Boluarte al frente del país ha viajado entre acusaciones, escándalos y el más de medio centenar de víctimas de las protestas en el sur de los Andes, jóvenes en su mayoría asesinados por militares y policías en medio de la represión. La versión presidencial es que las víctimas mortales fueron 61 civiles (50 en enfrentamientos, buena parte en toma de aeropuertos, y 11 en bloqueos de las vías) y siete uniformados. Los actos de violencia y la represión le costaron al país 1.385 millones de euros.
Todos los intentos de avanzar un acuerdo en el Congreso para el adelanto presidencial y parlamentario, deseado por la inmensa mayoría del país, han chocado contra los intereses políticos de quienes conforman esta alianza, integrada por partidos conservadores y de centro-derecha, junto al populismo fujimorista, pese a que Boluarte procede de las filas de la izquierda radical. Un pacto Frankenstein apuntalado precisamente con el indulto para Fujimori, de 85 años, y por el liderazgo del todopoderoso César Acuña, líder de la Alianza Para el Progreso (APP) y del alcalde de Lima, el trumpista Rafael López Aliaga.
Fujimori abandonó el penal limeño de Barbadillo en medio de la controversia nacional e internacional, justo cuando se cumplía un año del fracasado golpe de Estado de Castillo, uno de los dos ex mandatarios, junto a Alejandro Toledo, que quedan en la cárcel de los presidentes. El Tribunal Constitucional ordenó su liberación por razones humanitarias pese a los años que le quedaban de condena y pese a la oposición frontal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno, que es el encargado de conceder los indultos, tardó unas horas en llevarlo a cabo, tras medir pros y contras.
La resurrección de Fujimori pone en entredicho al mismo gobierno, no sólo por el buen estado físico demostrado en sus distintas apariciones públicas. Fujimori se dejó ver sonriente y contento ante los agasajos de sus seguidores en un centro comercial capitalino y también en una comida entre amigos, junto a su hijo Kenji.
El gabinete de Boluarte además debe enfrentar en los próximos meses una petición de extradición desde Chile. "No tenemos ningún acuerdo con el fujimorismo", respondió molesto el primer ministro, Alberto Otárola, pese a lo evidente. Y fue más allá al lanzar una advertencia al patriarca fujimorista: "Lo que desearíamos desde el poder ejecutivo es que siga cuidando su salud". La Fuerza Popular fujimorista dispone de 22 de los 130 congresistas, indispensables para mantener la mayoría oficialista.
Pero Fujimori también ha sembrado dudas a lo interno de su movimiento, ya que la líder Keiko ha perdido tres elecciones y también está procesada por corrupción. La actual líder de Fuerza Popular enfrenta un juicio por lavado de activos y una petición de condena, realizada por la Fiscalía, de 30 años de prisión.
Fujimori padre adelantó lo evidente: que Fuerza Popular se presentará en esas elecciones previstas de momento para 2026, aunque evitó pronunciarse a favor de que su hija sea la candidata por cuarta vez. "El fujimorismo está presente, hay público pues", recitó el ex dictador, sabedor de que en un país hastiado de sus políticos todavía guarda cierto apoyo popular.