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Educación

Educación rural: una deuda histórica que agudiza las brechas en el campo

Héroes anónimos. Senderos empinados y un largo recorrido no son obstáculo para que profesores de la Institución Educativa Pedro Fermín de Vargas se desplacen desde la vereda El Cauchal, del municipio de Dagua (Valle) hasta la vereda El Digua, para que 209 niños que no cuentan con acceso a internet reciban sus guías en físico y así evitar que deserten del sistema educativo

Héroes anónimos. Senderos empinados y un largo recorrido no son obstáculo para que profesores de la Institución Educativa Pedro Fermín de Vargas se desplacen desde la vereda El Cauchal, del municipio de Dagua (Valle) hasta la vereda El Digua, para que 209 niños que no cuentan con acceso a internet reciban sus guías en físico y así evitar que deserten del sistema educativo

Foto:Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El sistema educativo rural está lleno de desigualdades que se reflejan en sus resultados académicos.

Mateo Chacón Orduz
En Colombia, los niños que viven en zonas apartadas y deben estudiar en colegios rurales cuentan con una enorme desventaja con respecto a quienes estudian en zonas urbanas, como resultado de lo que algunos analistas catalogan como una "deuda histórica" hacia la educación rural.

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Y la forma más clara de ver estas desventajas es por medio de los resultados académicos, donde las brechas de rendimiento son bastantes notorias, pero además, en lugar de acortarse en los últimos años, por el contrario, se han acentuado más.
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Por ejemplo, en las pruebas Saber 11 de 2023, las últimas aplicadas, los colegios ubicados en zonas urbanas alcanzaron un promedio de 262, mientras que en territorios rurales este mismo indicador fue de 233, una diferencia de 29 puntos.
Se trata de una brecha que se ha hecho mayor, si se tiene en cuenta que para el 2019 fue de 24,1 en el puntaje global, y en 2021 subió a 26 puntos. Esto hace de 2023 el año donde la brecha entre lo urbano y lo rural ha sido la más grande desde que los resultados son comparables, es decir, desde 2014.
La diferencia no es solo en las pruebas de Estado. Los últimos resultados de las pruebas Pisa de la Ocde también evidencian esta diferencia, que favorece, por ejemplo, a grandes ciudades como Bogotá en comparación con el resto del país en matemáticas, lectura y ciencias, las tres competencias medidas.
Pero, ¿a qué se debe esta desigualdad y por qué no hemos sido capaces como país de reducir las brechas? De acuerdo con el analista educativo Ricardo Rodríguez, existen dos grandes agentes que han influido: “Por un lado, las condiciones propias de la ruralidad y la ruralidad dispersa, el hecho de contar con una geografía compleja y que las dinámicas son muy diferentes. Pero también ha habido un descuido del Estado, que no ha encontrado la manera de llegar de manera más efectiva, y porque lo rural implica grandes esfuerzos para atender a poblaciones más pequeñas, por lo que algunos gobiernos nacionales y locales no lo han visto como una prioridad”.
Sin embargo, la educación rural en Colombia no debe ser considerada como un gran esfuerzo para atender a unos pocos, explica el experto. En el país las escuelas rurales y rurales dispersas tienen una matrícula de 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir, el 23,8 por ciento de los 9,8 millones de estudiantes que hicieron parte de toda la matrícula escolar nacional durante 2023.
Pero además, de ellos, 2,2 millones asisten a colegios públicos, lo que los convierte en el 28 por ciento de toda la matrícula oficial del país (que es de 7,8 millones), y así mismo una población que depende casi en su totalidad del Estado para garantizar su derecho a la educación.
Un dato más que muestra la magnitud de la ruralidad en el sistema educativo: mientras el país cuenta con 17.674 sedes educativas en zonas urbanas, las sedes rurales son más del doble, con 35.865.
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Pero así como los números hablan de su magnitud para el sistema, también lo hacen para mostrar sus serias falencias. Un ejemplo de ello es que quienes para el año 2016 cursaban grado sexto en colegios rurales eran 201.991 menores. Esa misma cohorte es la que debió cursar grado once en 2021 de haber continuado sus estudios de manera normal. Sin embargo, para dicho año, la matrícula rural fue de apenas 96,604 estudiantes, es decir, más de la mitad de los alumnos se quedaron en el camino, ya sea por repitencia, deserción o suspensión de sus estudios.
Otro caso que llama la atención es que en estas zonas la matrícula en jardín en el año 2020 fue de 6.455, mientras que para 2021 se matricularon a transición 192.152 menores, lo que quiere decir que el 95 por ciento de estos últimos no pasó antes por ningún tipo de educación preescolar.
En ambos casos se puede hacer la comparativa sin importar el año, y los resultados son casi iguales: muy pocos tienen acceso a preescolar y alrededor del 50 por ciento de quienes inician su bachillerato no lo termina.
Esto pasa, a menudo, por culpa de la legislación actual. De acuerdo con la Ley General de Educación, la formación en Colombia es obligatoria entre los 6 y los 15 años, es decir, solo entre los grados transición y noveno. Según ha expresado en repetidas oportunidades la ministra de Educación, Aurora Vergara, esta es una de las causantes de las desigualdades educativas en las zonas rurales, donde, cumpliendo la norma, pero buscando ahorrar dineros y esfuerzos, los gobiernos locales han optado muchas veces por escuelas que no ofrecen ni preescolar ni media (décimo y noveno).
“Estamos hablando de que hay regiones donde simplemente esta oferta no existe. Los colegios no ofrecen estos grados, entonces los menores no tienen acceso a su educación completa, y esto va a ser posteriormente un limitante para, por ejemplo, ingresar a la educación superior, que tampoco tiene oferta en estas regiones, y posteriormente a trabajos mejor remunerados. La falta de acceso a la educación se convierte en un factor que retrasa el desarrollo de las regiones”, dice Rodríguez.
Muchas de las tutelas que la Corte ha recibido se presentan por la falta de acceso a la educación rural.

Muchas de las tutelas que la Corte ha recibido se presentan por la falta de acceso a la educación rural.

Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ahora bien, esta falta de acceso no solo se limita a que no haya oferta de ciertos grados. Existen zonas del país tan separadas y desconectadas que cuentan con una población muy pequeña, a menudo con solo dos, tres, cinco o diez niños por atender en las escuelas. Sin embargo, todos pueden tener edades diferentes y estar en cursos distintos.
¿Cómo se atienden estos casos? Según el decreto 3020 de 2002, para la asignación de un docente, este debe atender un grupo de al menos 22 estudiantes en zonas rurales. Como muchas veces esto no se cumple, hay casos como los evidenciados por EL TIEMPO en la zona rural del corregimiento de San Juan, en Sumapaz, donde los pocos menores del sector simplemente no van a estudiar porque no se les asigna el profesor.
En otros casos, y siguiendo el premiado modelo de Escuela Nueva, zonas en condiciones similares cuentan con los llamados colegios multigrado, donde un solo docente da clases a un pequeño grupo de alumnos, pero estando todos en grados distintos.
Un ejemplo de ello es la escuela Alto Combeima del Municipio de Chaparral, Tolima, que durante la vigencia de 2023 operó con solo dos estudiantes, uno en grado primero y el otro de quinto de primaria.
“Aunque es una estrategia para llevar educación a estos menores, ha sido muy difícil para los docentes seguir el proceso en la misma aula, al mismo tiempo, de estudiantes que están desarrollando competencias y aprendizajes distintos”, explicó a este diario Andrea Escobar, presidenta de la fundación Empresarios por la Educación.
Otro punto a tener en cuenta es el conflicto armado y los problemas de violencia. De acuerdo con el informe ‘Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto armado’, en el que la Fundación Compartir, el cual hace un balance de la situación de los docentes del país que trabajaron en el campo durante los sesenta años del conflicto, desde 1958 y hasta 2018, un total de 1.579 maestros fueron víctimas de la violencias. De estos, el 35,5 por ciento de los hechos ocurrieron en zonas rurales, siendo el asesinato el delito del que más han sido víctimas, con un 68 por ciento del total.
Esta situación, sumada a la amenaza del reclutamiento de menores por parte de grupos armados, hostigamientos, amenazas, entre otras vulneraciones, han terminado por repercutir en la educación rural.
También es importante señalar las dificultades logísticas en los territorios rurales para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), dado que se complica la entrega de alimentos, así como la preparación en sitio de los mismos, por lo que estos menores, en lugar de recibir alimentos calientes, pueden terminar recibiendo solamente una ración industrializada.
Todo esto se suma a problemas que han sido retratados múltiples veces, como la falta de recursos económicos y problemas de infraestructura, que EL TIEMPO ya ha abordado en publicaciones anteriores.

¿Qué hace el Gobierno para mejorar la educación rural?

En muchas zonas rurales del país los niños deben hacer largas caminatas y sortear ríos para poder ir a estudiar.

En muchas zonas rurales del país los niños deben hacer largas caminatas y sortear ríos para poder ir a estudiar.

Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Una de las principales estrategias del gobierno de Gustavo Petro que repercutiría directamente en la oferta escolar en las regiones apartadas es el proyecto de ley estatutaria que busca garantizar el derecho fundamental a la educación en Colombia.
En su articulado se establece la obligatoriedad del preescolar, así como de la formación media (grados décimo y once), lo que obligaría a los gobiernos locales a ampliar los grados en las escuelas que actualmente solo ofrecen hasta grado noveno.
Sin embargo, este proyecto apenas pasó su primer debate en la Cámara de Representantes, aprobado el último día de sesiones el mes de diciembre, y tiene por delante otros tres (uno en plenaria de la Cámara y dos en Senado). Pero estas discusiones deben tener lugar en un corto periodo (de marzo a junio), dado que al ser ley estatutaria se debe aprobar en la misma legislatura, que termina a mediados de junio.
Hay sectores que auguran un difícil camino para la norma, e incluso que termine siendo archivada por falta de discusión. Habrá que esperar que la ministra de Educación, Aurora Vergara, con apoyo de la cartera de Interior, logre posicionar al proyecto como una prioridad en el Congreso.
Respecto al PAE, una de las estrategias, que ya cuenta con pilotos en Buenaventura y La Guajira, es que las juntas de acción comunal se encarguen de la operación del programa.
En diálogo con EL TIEMPO, la ministra Vergara señaló que se trabaja en un plan para fortalecer la planta docente en la ruralidad, no solo con la contratación de nuevos puestos de trabajo, sino con capacitación: “vamos a hacer un énfasis en docentes rurales y en entornos rurales. En escuelas en las que por mucho tiempo no se ha integrado en programas de formación a sus maestros y maestras. También en zonas, Pdet”, destacó.
Con estas estrategias, sumadas con un mejoramiento de la infraestructura, el Gobierno espera mejorar las condiciones de la educación rural. “Con la obligatoriedad expresa de la media, todos los secretarios y secretarias de Educación del país deberán garantizar los recursos para la infraestructura, los recursos para la cobertura, para el acceso, para los docentes en todas las regiones”, explicó Vergara.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Redacción Educación
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